| L |
La oposición del fiscal Zaragoza ha sido bien acogida por parte de quienes se abanderan detrás del Mejor no remover y por los herederos políticos del franquismo.
Por venir de quien viene, el fiscal, muy probablemente sea el suyo el más sangrante despropósito de los suscitados por el sumario emprendido por Garzón: delitos comunes. Hace falta estar muy convencido de que la historia se puede manipular en beneficio de los verdugos para soltar semejante cosa. O tener un desconocimiento brutal y doloso de la historia de nuestro país.
En concreto, en Navarra, los actos de represión estuvieron planeados desde antes del 18 de julio, con la inestimable ayuda de los civiles de Pamplona que le ayudaron a Mola a elaborar las listas que aparecen mencionadas en las instrucciones secretas que se cursaron desde Capitanía, en Pamplona, insisto, en las que claramente se habla de ejecuciones. Se trataba de imponerse por el miedo. Alguno de esos ayudantes, como Raimundo García, director de Diario de Navarra, terminaría destruyendo documentación comprometedora, pero de manera muy tardía. Sabía que no tenía prisa porque vivieron en la impunidad más absoluta. Yo creo que ni siquiera sintieron que la Ley de Amnistía de 1977, ahora esgrimida, fuera con ellos. ¿Cómo se va a amnistiar a quien lleva la razón y la ley de mano, y es el vencedor de una guerra?
Para mí, dos son los casos que ejemplarizan la barbarie desatada en Navarra aquellos días por el general Mola y sus secuaces. Son dos auténticas atrocidades, pero dos entre muchas más.
Uno de ellas es la de Maravillas Lamberto Yoldi, una niña de 14 años, vecina de Larraga, que tras haber sido detenida junto a su padre por guardias civiles y falangistas, fue asesinada en la noche del día 15 de agosto, día de la Virgen, después de que fuera repetidamente violada en el Ayuntamiento de la localidad y también unas horas más tarde, de madrugada, junto a la carretera donde asesinaron a su padre, y donde fue abandonado su cadáver para que se lo comieran los perros.
Jimeno Jurío recogió testimonios directos de lo sucedido, cuando el hacerlo era un asunto comprometido. En los años setenta, cuando todavía vivían muchos de los autores de las fechorías, había miedo. Que nadie piense que hubo jamás facilidad alguna para encontrar fosas y recabar testimonios de lo sucedido. Ahora mismo los investigadores se felicitan de que al amparo del sumario de Garzón, y protegidos por la Policía Judicial, van a poder acceder a archivos cuyo acceso les ha sido negado.
Los testimonios apuntan a que los autores de la atrocidad cometida en la persona de Maravillas Lamberto, bajo el amparo de la ley y el orden, fueron vecinos del pueblo. ¿Nombres? Los dio la hermana de la víctima y han sido publicados en las páginas de Navarra, de la esperanza al terror, 1936. Cosa rara, porque lo común es que no se dijeran nunca. De manera pública, claro, porque en lo privado los nombres, en Navarra, una comunidad pequeña, vuelan. Tal vez el proceso de Garzón pudiera servir para que los nombres de los autores salieran a la luz y quedaran impresos en las páginas del sumario, en un lugar al que no llegue el miedo o la impunidad.
Y la segunda atrocidad la encontré hace tiempo en el periódico Arriba España, en una sección titulada Tugurio impar, título tomado de una colaboración de Ramón Gómez de la Serna en Revista de Occidente, donde se contaba como gracias, por ejemplo, que en Cabanillas hubiese sido rescatado del río un suicida atado de pies y manos.
Ahí fue donde se daba cuenta de la detención de una mujer de 57 años, sorda, Encarnación Resano Falcón, por poner una silla de espaldas a un rosario callejero. Fue asesinada –le pegaron un tiro en sus partes y la dejaron toda la noche desangrándose en la puerta del cementerio– y rematada después por el alcalde de Falces, no por humanidad, para que no sufriera más, porque por humanidad se coge a la herida y se la lleva a un hospital. Por humanidad no se le pega a nadie un tiro en la nuca, no se la descabella como si fuera un toro o un perro, ni se la entierra entre dos hombres simulando el acto sexual, como se mofaba el enterrador, cosa que se descubrió al abrirse la fosa.
Esta segunda atrocidad está también recogida en el libro Los fusilados de Peralta, la vuelta a casa (1936-1978), de Josefina Campos Orduña.
Nada de raro tiene que en el Arriba España de la época aparecieran anuncios de la jefatura de Falange diciendo que en algunos comercios de Pamplona se había detectado la compra de camisas azules para simular pertenencia a Falange con el fin de cometer atropellos impunemente. ¿Detenciones por esos hechos? Ninguna. Más bien se trataba de una cortina de humo destinada a apagar lo que ya era un clamor popular en toda Navarra.
Puede haber otros motivos, científicos o jurídicos, que se me escapan para oponerse a las pretensiones procesales de Garzón, pero el reputar como delitos comunes hechos como los relatados es un insulto innecesario a la memoria de las víctimas, en la medida en que aquellos asesinatos, aquellas ejecuciones sumarias sin juicio previo, sirvieron de base y fundamento a un régimen político que se pertrechó detrás de un complejo ordenamiento jurídico al que no se opuso nadie. No hay delincuencia común que valga con estas historias, ni amparar en ella lo que estuvo planeado con frialdad, con orden, con método, con objetivos políticos concretos, y el sembrar el terror entre la población civil de la retaguardia fue uno de ellos.
