A POR LAS QUINIENTAS MIL

No sé si el juez Baltasar Garzón va a conseguir las 500.000 firmas que se necesitan para que el Congreso active una Comisión de la Verdad, y de la justicia, que se ocupe de fijar todo aquello que el Tribunal Supremo se niega a que se investigue de manera oficial: el régimen de la dictadura franquista y los crímenes cometidos a su amparo desde su comienzo. Ni siquiera sé dónde se recogen esas firmas. Aparentemente no son muchas, si tenemos en cuenta el objetivo que se pretende. Pero me temo que desde ahora mismo esa legítima iniciativa va a contar con la oposición de una parte importante de la sociedad española, heredera o no de los vencedores de la Guerra Civil, pero que ya no quiere oír hablar ni de ella ni de sus atroces consecuencias, minimizadas o silenciadas un día sí y otro también. Una oposición y una desautorización sostenida por intelectuales prestigiosos en sus respectivos cotarros y representada políticamente por el partido en el gobierno y sus socios regionales. La Guerra Civil, lo que se ha dado en llamar “fosas del franquismo”, sus consecuencias son ya un asunto político, ineludible, vivo y por desgracia, crispado, motivo de oposición cerrada más que de acuerdo. No hay acuerdo y esto demasiado notorio como para pasarlo por encima.
La negativa de la alcaldesa de Villafranca de Navarra, lugar de nacimiento de la política socialista republicana Julia Álvarez Resano, a dedicarle a esta notable mujer una calle en la localidad, se inscribe en esa actitud contraria por principio a cualquier reconocimiento de lo sucedido hace más de setenta años que si no fueron ayer, al menos lo parecen por la pasión con la que quien más quien menos vive aquellos hechos y sus consecuencias. Lo sucedido con la placa o monolito que recuerda el lugar de los fusilamientos de la Vuelta del Castillo de Pamplona o con la plaza dedicada al conde de Rodezno, lo mismo. Estos dos últimos ejemplos entran en el terreno de la burla.
Por lo que respecta a las fosas de Espinosa de los Monteros, pueblo de raigambre caciquil, abiertas esta semana, resulta de verdad ilustrativo que el Tribunal Superior de Castilla-León se ponga a disposición de los familiares de los asesinados y enterrados en ese lugar, pero solo después de que se organizara el escándalo mediático, no antes, con un argumento que si bien se mira hace burla de la inteligencia de la ciudadanía. El alto tribunal asegura que ningún juez acudió a las fosas de Espinosa de los Monteros porque no entendieron que los familiares pidieran auxilio o apoyo institucional. Si no era para recabar ese apoyo, ¿para qué acudieron? ¿Por capricho o porque la misma nefasta sentencia del Tribunal Supremo que niega la investigación judicial de los hechos entre una justificación del franquismo, reducido a “hecho poliédrico”, establece que son precisamente esos jueces que no acudieron en su momento los competentes en el asunto de la apertura de las fosas? Resulta muy ilustrativo de lo que viene sucediendo. De no haber habido eco mediático y de no haber resultado este impactante, silencio y puerta trasera. Una sentencia, la del Supremo, en la que restallan conceptos que implican una rara perversidad moral y una antijuricidad manifiesta, como es el de negar al espacio de la justicia el conocimiento de la verdad de los hechos criminales cometidos en el territorio o ámbito de su competencia. Siendo así, eso mismo desautorizaría la actividad de todo y cada uno de los tribunales que se han ocupado de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en todos los países que han padecido regímenes criminales. ¿por qué unos sí y otros no? Tiene razón el juez Garzón: esto es muy difícil de explicar fuera de nuestras fronteras.
Se mire por donde se mire, en España ha faltado una actitud de verdad activa frente al enjuiciamiento del régimen franquista, tanto cuando vivían sus protagonistas y responsables de los crímenes cometidos, como después, cuando, es cierto, el tiempo se ha encargado de que no se pueda interrogar a la inmensa mayoría. Ha habido manifiesta renuencia a condenarlo, a examinarlo, a juzgarlo. La célebre y ya muy devaluada Transición ha sido una excusa. La pasividad institucional más que colaborar al olvido, lo que ha hecho es ahondar en la brecha social y al cabo prestar cobertura oficial a lo sucedido entonces, convirtiéndolo en un pugna política del presente que no tiene traza de aplacarse, al revés, viva o sorda, la virulencia es palpable. Para Garzón esa actitud sistemática, cifrada en la conjunción de silencio y olvido, equivale a impunidad. No es ya negarse a juzgar, sino a examinar siquiera los hechos y ampararse de paso en relativizarlos y en hacer que cunda una cómoda indiferencia, como si fuera materia de historiadores o de narradores, y solo de ellos.
El texto del juez Garzón habla de algo de lo que venimos hablando desde hace años: de la instauración y afianzamiento de gobiernos cada vez más autoritarios que marcan el tono de una sociedad en la que los corruptos hacen ley y sirven de modelo social, y de paso de un adormecimiento social que, a juzgar por lo sucedido con la huela general del 29M, no es ya tan profundo y uniforme como lo pudo ser hace unos años. La crisis le está pasando factura al sistema político y económico representado por el partido en el gobierno, y los que pagan las consecuencias toman de nuevo la calle, aunque el precio que haya que pagar sea alto: las penas abusivas por las protestas callejeras están al caer.
A juzgar por el contenido de su llamamiento a la sociedad española para que secunde esa petición de una Comisión de la Verdad, Garzón parece sentirse llamado a despertar a la adormecida sociedad española. Ese es mal papel y en el fondo poco simpático. Veremos. Y veremos (con verdadera esperanza) si se logran estampar las quinientas mil firmas necesarias para crear una comisión de la Verdad que de paso que examina el pasado lo haga con un presente envenenado.

CUESTION DE FIRMA

Y por lo que se refiere a la cuestión de las firmas que al parecer quiere reunir el gobierno de Navarra siguiendo los pasos de Urralburu, en apoyo de la policía, los militares, los jueces y los fiscales, habrá que concluir que, ellos, los políticos que comen, hacen su pequeña fortuna y sus negocios al amparo de las actas, pueden firmar por si solos o en representación de sus votantes, lo que les venga en gana, pero pretender que eso se firme a título particular es algo más que un abuso, es una indecencia.
Con ETA de por medio o sin ella, con o sin terrorismo, jamás firmaré nada en compañía de ninguna de las personas que promueven de la manera que sea semejante documento.
Esa es una forma de elaborar una lista negra de virtuales cómplices de ETA: todo los que no firmen son cómplices de ETA, perseguibles por tanto, anulables, asociales, delincuentes, o como tal tratados, sin que haya ley alguna que avale ese atropello. Eso es mentira y ellos lo saben. Quieren carta blanca, quieren perpetuarse en el poder, quieren, sobre todo, cerrar el paso a cualquier movimiento de izquierda que pueda darse en Navarra. Son gente de su tiempo.

EL TIEMPO SE ACABA

ESTOS días pasados, dos de los forenses extranjeros que participan en la apertura de fosas comunes y rescate de restos de asesinados en la retaguardia al tiempo de la Guerra Civil Española, han declarado que se está acabando el tiempo. Se referían a que van desapareciendo los testigos directos de aquellas fechorías y a que cuando quedan no son, en muchos casos, fiables, porque eran muy niños cuando vieron, de cerca o de lejos, los crímenes y las brutales inhumaciones, en las que los asesinos no se ahorraron vilezas, como la de enterrar a una mujer emparedada entre dos hombre para que le dieran (Ribera de Navarra). A carcajadas.
Desaparecen los testigos directos y también los indirectos. Los lugares donde se encuentran las fosas tampoco son fiables. Las roturaciones de las concentraciones parcelarias, las talas y las obras públicas han desfigurado muchos paisajes. Me parece que quien dijo que sabía dónde podían estar los restos del general Miguel Núñez de Prado, encerrado en la cárcel de Estella y asesinado por orden directa de Mola, chocó con las obras de la autovía Pamplona-Logroño.
Muchos testimonios son de personas que escucharon el relato de lo sucedido a los hijos de los fusilados o de los desaparecidos. La gente de los pueblos ha vivido setenta años con la vista baja –estudiada humillación de detenido-, se han transmitido el relato de aquellos hechos en familia, y no siempre, con miedo a hablar, a que se supiera, a señalar a los asesinos y a quienes han heredado su memoria llevada a los altares civiles y políticos, intocables, absueltos por el tiempo, tanto que ni siquiera se sabrán sus nombres. Todos los trabajos que se hacen sobre lo sucedido omiten, por lo general, los nombres de los autores materiales de los crímenes: eran gente del pueblo o de la zona, muy conocida. Sus descendientes también viven y a falta de documentos probatorios o testimoniales directos, la ley les protege. Corren tiempo en que difamar es gritar “¡Al ladrón!” a espaldas de quien te ha robado la cartera.
El de la retaguardia de la Guerra Civil española, en lugares como Navarra y Álava, o en Guipúzcoa recién conquistada, es un caso de manipulación histórica de antología.
A la mayoría de los políticos de la derecha les molesta la insistencia de asociaciones en pro de la memoria histórica o de colectivos de los pueblos donde sucedieron los hechos y sostienen, con manifiesta desvergüenza, que los asuntos concretos y no concretos de la memoria histórica conciernen no a los voluntarios o a los familiares de las víctimas, sino a los historiadores. Pero los historiadores que se ocupan de estos asuntos, también les molestan, no son fiables, ni para los políticos ni para quienes les hacen el juego desde un periodismo de palanganeo. Todo en la memoria histórica es molestia salvo para los interesados, esto es, salvo para los herederos de los asesinados que hay que ver cómo reaccionan cuando encuentran los restos de sus familiares.
Hace un par de año, en un reportaje que ofreció EITB sobre la apertura de una fosa en un pueblo navarro, aparecía la declaración de un anciano, testigo de los hechos, que lloroso dijo de manera escueta: “Macagüen, qué tiempos aquellos”. De buena se había librado, de buena nos habíamos librado los espectadores, que eso éramos o eso somos muchos.
Estoy seguro de que para quienes ven la Ley de Memoria Histórica y el apoyo social que propició su dictado, ese acabarse el tiempo del que hablan los forenses es un alivio. También estos días he tenido delante una fotografía tomada en 1978 y publicada en este periódico. Es de la apertura de una fosa común en un pueblo navarro. Entonces se empezaron, contra viento y marea, a abrir fosas, las de Monreal, por ejemplo. Era un tiempo borrascoso, en plena Transición, y con más autoritarismo policial y judicial de por medio. Quienes gobernaban, en todos los ámbitos, eran herederos del franquismo. Había que tener un coraje muy especial para ponerse a abrir fosas en aquellos años sin Ley de Memoria Histórica de por medio, cuando era más que probable que muchos de los asesinos de la retaguardia estuvieran todavía vivos.
En la fotografía a la que me refiero se ve, en primer plano a la izquierda, a un hombre mayor con la boina en el cogote, cabizbajo y a su lado un capacho con restos. por la edad fue estricto coetáneo de los hechos. Los vecinos y familiares de las víctimas rodean los restos. La expresión de algunos rostros es muy severa, otros están cabizbajos, ensimismados, viendo los restos de aquella gente que fue amontonada después de ser asesinada. Los más jóvenes tendrían la edad que yo tenía entonces, los mayores serán unos ancianos hoy y otros habrán sin duda fallecido. esa fotografía lo dice todo respecto a como el tiempo se acaba.
Llevar a la práctica la previsto en la Ley de Memoria Histórica está siendo una cuestión ardua. Quienes emprenden las labores de rescate de restos no siempre cuentan con facilidades oficiales, al revés, chocan con maniobras dilatorias, imponderables, cerrazones, triquiñuelas. Abundan los testimonios de impedimentos legales o puramente arbitrarios de uniformados y de no uniformados, para quienes esa ley es papel mojado porque cuentan con que el tiempo está de su parte, sigue estando de su parte. Cuanto más pase mejor para ellos y mejor para todos. Es cosa del pasado. No conviene remover.
Lo sucedido entonces no es cosa del pasado. Si lo fuera no levantaría las ampollas que levanta, ni encendería los enconos que enciende. Que es una cuestión candente lo prueban las declaraciones de los políticos y la negativa cerril y fraudulenta de algunos de ellos, como la alcaldesa de Pamplona, a dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de Memoria Histórica, y las enconadas discusiones que se pueden encontrar en los foros de Internet, más bien trincheras muchos de ellos, a favor o en contra del ejercicio de la memoria histórica en la apertura de fosas comunes, con mi verdad contra la tuya, y sobre todo encima.

DELITOS COMUNES

L

O que parecía ser un acto de reparación moral de las víctimas de la represión franquista, el sumario Garzón, con una entidad muy distinta a la histórica y a la literaria, se ha convertido en un rifirrafe personal entre el juez Garzón y el fiscal Zaragoza, enzarzados en una esgrima de florituras jurídicas sacadas de los lugares más recónditos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La oposición del fiscal Zaragoza ha sido bien acogida por parte de quienes se abanderan detrás del Mejor no remover y por los herederos políticos del franquismo.

Por venir de quien viene, el fiscal, muy probablemente sea el suyo el más sangrante despropósito de los suscitados por el sumario emprendido por Garzón: delitos comunes. Hace falta estar muy convencido de que la historia se puede manipular en beneficio de los verdugos para soltar semejante cosa. O tener un desconocimiento brutal y doloso de la historia de nuestro país.

En concreto, en Navarra, los actos de represión estuvieron planeados desde antes del 18 de julio, con la inestimable ayuda de los civiles de Pamplona que le ayudaron a Mola a elaborar las listas que aparecen mencionadas en las instrucciones secretas que se cursaron desde Capitanía, en Pamplona, insisto, en las que claramente se habla de ejecuciones. Se trataba de imponerse por el miedo. Alguno de esos ayudantes, como Raimundo García, director de Diario de Navarra, terminaría destruyendo documentación comprometedora, pero de manera muy tardía. Sabía que no tenía prisa porque vivieron en la impunidad más absoluta. Yo creo que ni siquiera sintieron que la Ley de Amnistía de 1977, ahora esgrimida, fuera con ellos. ¿Cómo se va a amnistiar a quien lleva la razón y la ley de mano, y es el vencedor de una guerra?

Para mí, dos son los casos que ejemplarizan la barbarie desatada en Navarra aquellos días por el general Mola y sus secuaces. Son dos auténticas atrocidades, pero dos entre muchas más.

Uno de ellas es la de Maravillas Lamberto Yoldi, una niña de 14 años, vecina de Larraga, que tras haber sido detenida junto a su padre por guardias civiles y falangistas, fue asesinada en la noche del día 15 de agosto, día de la Virgen, después de que fuera repetidamente violada en el Ayuntamiento de la localidad y también unas horas más tarde, de madrugada, junto a la carretera donde asesinaron a su padre, y donde fue abandonado su cadáver para que se lo comieran los perros.

Jimeno Jurío recogió testimonios directos de lo sucedido, cuando el hacerlo era un asunto comprometido. En los años setenta, cuando todavía vivían muchos de los autores de las fechorías, había miedo. Que nadie piense que hubo jamás facilidad alguna para encontrar fosas y recabar testimonios de lo sucedido. Ahora mismo los investigadores se felicitan de que al amparo del sumario de Garzón, y protegidos por la Policía Judicial, van a poder acceder a archivos cuyo acceso les ha sido negado.

Los testimonios apuntan a que los autores de la atrocidad cometida en la persona de Maravillas Lamberto, bajo el amparo de la ley y el orden, fueron vecinos del pueblo. ¿Nombres? Los dio la hermana de la víctima y han sido publicados en las páginas de Navarra, de la esperanza al terror, 1936. Cosa rara, porque lo común es que no se dijeran nunca. De manera pública, claro, porque en lo privado los nombres, en Navarra, una comunidad pequeña, vuelan. Tal vez el proceso de Garzón pudiera servir para que los nombres de los autores salieran a la luz y quedaran impresos en las páginas del sumario, en un lugar al que no llegue el miedo o la impunidad.

Y la segunda atrocidad la encontré hace tiempo en el periódico Arriba España, en una sección titulada Tugurio impar, título tomado de una colaboración de Ramón Gómez de la Serna en Revista de Occidente, donde se contaba como gracias, por ejemplo, que en Cabanillas hubiese sido rescatado del río un suicida atado de pies y manos.

Ahí fue donde se daba cuenta de la detención de una mujer de 57 años, sorda, Encarnación Resano Falcón, por poner una silla de espaldas a un rosario callejero. Fue asesinada –le pegaron un tiro en sus partes y la dejaron toda la noche desangrándose en la puerta del cementerio– y rematada después por el alcalde de Falces, no por humanidad, para que no sufriera más, porque por humanidad se coge a la herida y se la lleva a un hospital. Por humanidad no se le pega a nadie un tiro en la nuca, no se la descabella como si fuera un toro o un perro, ni se la entierra entre dos hombres simulando el acto sexual, como se mofaba el enterrador, cosa que se descubrió al abrirse la fosa.

Esta segunda atrocidad está también recogida en el libro Los fusilados de Peralta, la vuelta a casa (1936-1978), de Josefina Campos Orduña.

Nada de raro tiene que en el Arriba España de la época aparecieran anuncios de la jefatura de Falange diciendo que en algunos comercios de Pamplona se había detectado la compra de camisas azules para simular pertenencia a Falange con el fin de cometer atropellos impunemente. ¿Detenciones por esos hechos? Ninguna. Más bien se trataba de una cortina de humo destinada a apagar lo que ya era un clamor popular en toda Navarra.

Puede haber otros motivos, científicos o jurídicos, que se me escapan para oponerse a las pretensiones procesales de Garzón, pero el reputar como delitos comunes hechos como los relatados es un insulto innecesario a la memoria de las víctimas, en la medida en que aquellos asesinatos, aquellas ejecuciones sumarias sin juicio previo, sirvieron de base y fundamento a un régimen político que se pertrechó detrás de un complejo ordenamiento jurídico al que no se opuso nadie. No hay delincuencia común que valga con estas historias, ni amparar en ella lo que estuvo planeado con frialdad, con orden, con método, con objetivos políticos concretos, y el sembrar el terror entre la población civil de la retaguardia fue uno de ellos.

Josefina Lamberto Yoldi en Flickr: ¡Intercambio de fotos!